La Red Nacional de Refugios advierte que la mayoría de estos centros para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos está endeudada debido a préstamos solicitados para poder operar. La Conavim reconoce que hubo un retraso en la entrega de fondos y afirma que el proceso será más ágil en 2023.
A poco más de un mes de concluir el año, los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijoscontinúan sufriendo los estragos del semestre que tuvieron que operar sin el presupuesto gubernamental asignado para este programa: dos de ellos incluso están demandados por el personal que tuvo que trabajar sin sueldo y la mayoría mantiene deudas con bancos por los préstamos solicitados para evitar cerrar.
De acuerdo con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), algunos centros recibieron apenas en octubre la primera de dos partes del dinero que tenían asignado. Aun con dificultades, este hecho no detuvo la atención a mujeres, cuyas peticiones de auxilio aumentaron 16% en comparación con el año pasado; en promedio, cada hora una víctima se acercó a algún refugio para pedir ayuda.
En contraste con el reclamo de los refugios —que a lo largo del año denunciaron las problemáticas que tuvieron por la falta de presupuesto—, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha escatimado en recursos para consolidar estos centros, y que los retrasos que se presentaron fueron extraordinarios debido a la migración del programa y su presupuesto de la Secretaría de Bienestar a la de Gobernación.
Fabiola Alanís, titular de la Conavim, dijo en entrevista que para octubre todos los refugios fueron atendidos, “y en 2023 estamos seguras de que vamos a poder transferirles recursos en los primeros meses del año; para nosotros, lo más importante es remarcar que, con todo y los retrasos, ningún espacio se cerró”.
“Tenemos la indicación del presidente de no escatimar en recursos para garantizar todas las acciones y programas que contribuyan a la prevención de la violencia, y se están atendiendo las causas que la generan. También estamos impulsando una estrategia de cero impunidad, para que ningún delito que ocurre en contra de las mujeres quede sin castigo”, agregó la funcionaria.
Entre enero y octubre, en el país se registraron 792 víctimas de feminicidio, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De estos casos, el 88% permanece impune, según un análisis de la organización México Evalúa.
El delito que afecta particularmente a mujeres y que cuenta con mayor número de carpetas de investigación abiertas es el de violencia familiar, con 230 mil 030 casos en 10 meses de 2022. El 97% de ellos continúa sin sentencia.
En el mismo periodo se registraron 13 mil 391 denuncias por violación, delito del que solo cuatro de cada 100 casos no han quedado impunes, según los cálculos de México Evalúa.
Al respecto, Alanís reconoció: “Sigue siendo insuficiente la procuración de justicia, especialmente de las fiscalías, para identificar a tiempo cuando una mujer está en riesgo o para no revictimizarla, como sucede todos los días. Es un trabajo donde hemos puesto nuestro mayor empeño sin escatimar recursos, esfuerzos y coordinación con las entidades desde el Ejecutivo, pero todavía falta mayor responsabilidad y actuar con más contundencia desde los otros poderes”.